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El Congreso del PJ dejó al desnudo una interna partidaria

A media tarde del viernes y a pocas horas del publicitado Congreso del justicialismo, imperó la confusión en virtud de la decisión del Gobierno municipal de ejercer el poder de policía para prevenir consecuencias lamentables. El tema pasaba porque se había convocado a una multitudinaria reunión en el sótano de la sede partidaria. Un sector del peronismo alertó que se trataba de una maniobra para dejar a la gente afuera y solicitó a la Municipalidad que resguarde la seguridad. Nunca se habló de la clausura de la sede, sino de evaluar si estaba en condiciones. Con el Intendente fuera de la Provincia, el tema fue una braza ardiente tanto más cuanto algunos diputados del PJ expresaron a los medios que el Gobierno había intercedido ante la Municipalidad en favor del oficialismo partidario, circunstancia que causó malestar en la esquina de Salta y 25 de Mayo.

La Policía y la Justicia quedaron en medio del culebrón. Finalmente, a primera hora del sábado, Emilio Lanari terminó por prohibir que el Congreso se haga en el sótano, dejando en manos de las autoridades partidarias la decisión de mudarlo a un ámbito más acorde; aunque dejó en claro que no se debía exceder el número de 250 personas, lo cual determinó fuertes fricciones que llevaron a que la conducción pague un alto costo político por dejar bajo el sol, y por espacio de siete horas, a más de un millar y medio de dirigentes y militantes que hicieron oír una ruidosa protesta.

Lo que pasó entre el viernes a la tarde y el sábado requiere una explicación para entender el por qué del actuar de partes contrapuestas en la interna peronista, tanto más cuanto el contrapunto dejó a los poderes públicos en el medio del fuego cruzado, sin terminar de comprendes las razones de una controversia, tras la cual hay intereses políticos.

Con la ausencia de Eduardo Tassano, quedó en manos del Viceintendente un complejo cuadro de situación en el que se mezclaron intereses políticos con la propia responsabilidad de los funcionarios municipales, todos contestes, en el grado de peligro que implicaba autorizar una reunión multitudinaria en un lugar que, conforme a las inspecciones realizadas, y las normas que son de aplicación no garantizaba el mínimo de seguridad.

Entender el por qué de la situación a la que llevó la conducción de la mesa del Congreso resulta fácil. Se dejó de lado el tradicional ámbito del Sindicato de Luz y Fuerza u ocasionalmente el de la Sociedad Española, para evitar que la autocrítica pedida por las sucesivas derrotas electorales se de en un marco de participación entusiasta de los que aún no se explican las razones de los fracasos electorales y piden explicaciones.

 

RESPONSABLES
Esta picardía de la conducción dejó a la Municipalidad, a la Justicia, a la Policía y al propio Gobierno con una brasa ardiente en la que cualquier decisión podía ser leida de manera impropia.
El sector del justicialismo que alertó al Municipio de las consecuencias que se podrían originar tenía un objetivo de máxima, que era el de lograr el cambio de lugar, y uno de mínima que pasaba por hacer pagar el costo de un Congreso cerrado a la vez que, generar efervescencia, que, como segundo capítulo de lo que implicó el acto del Día de la Lealtad, deje en evidencia la vulnerabilidad de la llamada Cooperativa, fuertemente estigmatizada por las bases peronistas y crear el clima de interna, que quizá sea lo mas difícil cuando se viene de varias elecciones fallidas donde el afiliado ha perdido credibilidad en la voluntad democrática de sus dirigentes.
PRESIONES
Aun así resultaba claro que este sector, enfrentado a la conducción, quería cerrar el capítulo del Congreso, para dejar allanado el camino a las internas para el 31 de marzo, lo cual determinó que, en un juego de presiones, contribuya a que la sangre no llegue al río y, seguramente, si la militancia no quebró la resistencia en el control de ingreso se debió, precisamente, a que hubo contención para que, puesta en evidencia la maniobra, se de un paso considerado definitorio para afianzar el proceso electoral, al cual desde la propia conducción se le vino poniendo freno al demorar la firma de la resolución adoptada en Saladas hace dos meses y por la que se convocaba a elecciones internas.

La propia inteligencia de la Policía de la Provincia admitió que el control de la situación se logró merced a que desde los sectores enfrentados con la conducción, no se tiró leña al fuego, sino que por el contrario se contribuyó a que no hayan desbordes.

La intervención del personal policial, a las órdenes del segundo jefe de la Comisaría Primera, con el auxilio del PAR, fue de una alta profesionalidad así como debe destacarse el interés y la preocupación del juez de Instrucción en turno, Juan Manuel Segovia, que habiendo pasado por el lugar, estuvo en todo momento expectante.
FRICCIONES
La designación de un veedor judicial dispuesta, a pedido de parte, por el juez Federal, Carlos Soto Dávila fue una clara evidencia de que el proceso que viene en el justicialismo será sin concesiones. La propia presencia de un escribano mostró que la interna peronista seguirá dando qué hablar.
Todos, escribanos, veedor, congresales y dirigentes ejercieron el control del sorteo del miembro que se incorporó a la Junta Electoral, que se hizo de cara al Congreso y del que resultó beneficiario el dr Rodolfo Marcelo Llano.

Finalmente, el ex intendente de la Capital, Fabián Ríos, luego de filosos dardos dirigidos al Juez Federal, con una andanada de fuertes críticas por la decisión de designar un veedor, realizó un mea culpa, haciéndose cargo de la responsabilidad de haber conducido al peronismo a la derrota, señalando que el haber cedido a las presiones de Colombi para anticipar las elecciones apuntó a superar las angustias económicas y lograr concluir su mandato (en ediciones sucesivas se reflejarán las explicaciones dadas por el ingeniero Ríos en el Congreso).

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