El Gobierno cortó un subsidio clave en Transporte para discapacidad
La Secretaría de Transporte anunció el fin de un subsidio clave para el sector de discapacidad. Qué pasa con el derecho a la gratuidad.
El Gobierno nacional aplicó una nueva y polémica maniobra sobre el financiamiento al sector de discapacidad con el recorte definitivo del subsidio al transporte de larga distancia. A través de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía cambió por completo el esquema de financiación que funcionaba hasta ahora.
Con impacto directo en la gratuidad de los pasajes para personas discapacidad, trasplantadas, en lista de espera de trasplante y niños/adolescentes con cáncer, la medida implicó la finalización del giro de recursos estatales a las empresas de transporte para hacer cumplir con el derecho vigente contemplado en la Ley 22.431, Ley 26.928 y Ley 27.674. El esquema había sido implementado años atrás como una compensación directa a las compañías, que mantenían los precios de los pasajes regulados.
Según el Gobierno, el nuevo escenario tarifario, con libertad de fijar precios y cubrir costos de manera permanente, dejó de lado la necesidad de ayudas o compensaciones estatales para las empresas de transporte. Bajo esa lógica, Transporte derivó las obligaciones de mantener la gratuidad de los pasajes para personas del sector de discapacidad, teniendo las empresas saque hacer frente a los nuevos costos derivados de la ley.
Qué impacto tiene en las empresas de transporte
Si bien la gratuidad de los pasajes seguirá vigente, serán las empresas las que deberán lidiar ahora con los costos de los pasajes gratuitos. En ese sentido, los datos más recientes referidos a dichos programas fueron elaborados por la Cámara Empresaria de Larga Distancia, donde se estimó una emisión anual de 100.000 tickets de viajes gratuitos anuales.
Según datos del 2023, el costo de los pasajes gratuitos por discapacidad ascendía a los 10.000 millones de pesos. Dicha cifra, actualizada a niveles inflacionarios actuales deriva en costos de en torno a los 40.000 millones de pesos que recaerá sobre las arcas de las empresas, que posiblemente trasladen la nueva presión financiera al resto de sus pasajes para no quedar desbalanceadas.
De cualquier manera, el sector del transporte de larga distancia ya acusa el estrés financiero que deriva de la nueva lógica de mercado, con tarifas desreguladas. Al igual que otros sectores de la economía, las empresas han advertido que la posibilidad de trasladar costos a los consumidores es cada vez menor en especial ante la competencia creciente de la oferta de vuelos de cabotaje bajo la lógica «low cost», que el año pasado superó por primera vez la emisión de pasajes por vía terrestre.
