La Municipalidad habilitó el Fondo de Desarrollo Urbano

A través del Boletín Oficial se homologó la Ordenanza Nº 6.761 mediante la cual modifican los valores de construcción en la Capital para recaudar fondos que serán destinados a obras públicas. Permitirá una mayor edificabilidad.

Con el objetivo de revalorizar los terrenos en la ciudad y poder generar plusvalías que serán destinadas a obras públicas, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes creó formalmente el Fondo de Desarrollo Urbano a través de la Ordenanza Nº 6.761, que fue publicada días atrás en el Boletín Oficial Nº 3.281. Se trata de una normativa que establece que los recursos generados a través de la “Contribución por Derechos de Edificabilidad” deben apuntar a la urbanización y mejoramiento mediante obras de infraestructura, equipamiento de espacios públicos y adquisición de inmuebles.

El Fondo de Desarrollo Urbano será administrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal que deberá presentar informes semestrales a la Auditoría Municipal y al Concejo Deliberante.

La Comuna aprobó la Ordenanza Nº 6.761 para la creación del Fondo de Desarrollo Urbano, que estará compuesto por los recursos provenientes de la Contribución por Derechos de Edificabilidad y otras herramientas establecidas en el Código de Planeamiento Urbano. Dicha contribución se basa en las retribuciones generadas por la aplicación de diferenciales para los procesos de edificación o urbanización en zonas de la ciudad que están estipuladas en el Código de Planeamiento Urbano o a través de diversos convenios específicos.
Uno de los objetivos señalados por la normativa es la de “aportar a la distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados del ordenamiento urbano, para garantizar la recaudación de los recursos generados en conceptos de contribuciones establecidos en el Código de Planeamiento Urbano.

A su vez, el fondo debe ser destinado a obras públicas de mejoramiento en las zonas de la ciudad que hasta el momento se encuentran postergadas.

La aprobación de la normativa se da en un contexto en que el controvertido Plan Costero se encuentra siendo discutido en la Justicia, el cual también plantea cambios en el uso de terrenos que pertenecen al Estado.