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La Corte Suprema pospone el último fallo clave para los jubilados hasta después de la feria

Tenía agendado dictaminar sobre un amparo colectivo promovido por el defensor del Pueblo hace una década. Discusiones técnicas entre los ministros dilataron la decisión.

Finalmente, uno de los fallos de la agenda de la Corte Suprema más esperados por el Gobierno y los jubilados quedará para después de la feria judicial, que comienza este lunes. Sin acuerdo final entre los ministros, el tribunal pasará para la segunda mitad del año la decisión sobre un amparo colectivo a favor de los jubilados que encabezó, hace una década, el defensor del Pueblo.

El caso se titula «Defensor del Pueblo de la Nación contra el Estado Nacional sobre amparos sumarísimos». Se incluyó en la agenda de casos que la propia Corte publicó a comienzos del año para sentar jurisprudencia sobre algunos temas clave. Allí, por ejemplo, se inscribió el fallo que eximió a una jubilada de pagar impuesto a las Ganancias.

Pero los jueces Carlos Rozenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda no llegaron a un acuerdo para conformar una mayoría que defina cuál es la legitimidad que tiene la Defensoría del Pueblo -cargo que está vacante hace diez años- para llevar adelante un reclamo colectivo. Y, una vez establecida esa legitimidad, cuál sería el alcance de una acción de este tipo.

Como consignó TN.com.ar, los jueces deben dirimir dos cuestiones. Primero, si el defensor del Pueblo puede encabezar reclamos colectivos en nombre de los jubilados o de otro universo de personas. Segundo, cuál sería el límite de una acción de estas características.

En el caso en cuestión, el ombudsman pidió hace más de diez años extender los alcances de uno de los fallos clave de actualización de haberes del último tiempo, conocido como Badaro 2, a todo el universo de jubilados que estuviera en condiciones de ser impactado por la sentencia.

En su momento, se calculaba que había más de un millón de adultos mayores susceptibles de ser beneficiados por el caso, que podría haber puesto en aprietos a la Anses. Pero diez años más tarde, ese impacto no está claro. Sucede que los jubilados alcanzados tendrían hoy más de 80 años. Además, muchos de ellos avanzaron con juicios particulares por actualización de haberes, que ya tienen sentencia en alguna instancia. Y esos reclamos no serían Badaro «puro», sino que suelen ocurrir cuestiones particulares. Por último, otra cantidad importante cerró acuerdos con la Reparación Histórica.

De acuerdo con estimaciones de la Anses, el universo que se beneficiaría por un reclamo colectivo de Badaro 2 en la actualidad sería de 30.000 jubilados.

Según fuentes tribunalicias, los jueces llevan adelante un debate técnico sobre el alcance del fallo. ¿Se dará legitimación plena o acotada al defensor del Pueblo para representar a un colectivo? Cuanto menos claros sean los límites que se fijen, más probabilidades hay de que un reclamo universal ponga en riesgo las arcas fiscales.

Además, como consignó Ámbito Financiero este lunes, la Corte podría insistir con dos reclamos a los otros poderes del Estado. Uno, al Congreso: que legisle sobre los alcances de las acciones colectivas, tal como pidió en un fallo conocido como «Halabi». Y otro, al Ejecutivo y al Legislativo: que activen los mecanismos para designar a un defensor del Pueblo, algo que el tribunal ya había reclamado hace tres años, cuando frenó el aumento de las tarifas de gas.

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