Centro de Jubilados sigue intervenido y con denuncias judiciales
El Gobierno provincial prorrogó hasta octubre el proceso. Afiliados piden convocatoria a elecciones. Avanza una causa por supuestas irregularidades en la institución.
El pasado 23 de abril finiquitó el decreto de prórroga de intervención del Centro de Jubilados de Corrientes y se extendió por otros seis meses más lo que generó malestar en muchos afiliados que reiteran la necesidad de normalizar la institución a través de elecciones libres. En paralelo, existe una denuncia en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 por supuestas irregularidades administrativas y económicas.
El Gobierno prorrogó por 180 días (hasta octubre) la intervención encabezada por Julia Fernández Alcaraz. “No se respetó el anterior decreto que claramente indicaba que se debía realizar un informe económico y financiero abarcando lo hecho desde 2016, llamar a una asamblea para convocar a elecciones 90 días antes del fin de la intervención, nada de eso se cumplió”, indicó Justo Franco referente de los jubilados.
“Era un decreto que condicionaba la continuidad de Alcaraz, en cambio la ratificaron, este nuevo decreto estipula lo mismo pero no tenemos garantía de cumplimiento, advertimos una clara falta de respeto a los adultos mayores”, indicó.
En marzo se realizó una presentación judicial en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 por supuestas irregularidades. “Seguimos recabando pruebas que son contundentes”, explicó la abogada Ana María Maciel. “Es increíble que en todos los decretos de intervención se indique que debe ser por un tiempo acotado al tratarse de una asociación civil, que debe ser manejada por sus afiliados y no por terceros, pero la intervención persiste”, agregó. Franco manifestó que “hay un uso discrecional de los recursos del Centro de Jubilados para hacer campaña y posicionar a una delegada de Caa Catí, porque están armando una lista propia y aquellos que no comulgan con las ideas de la intervención son removidos”. A modo de ejemplo citó los casos de Mercedes, Mburucuyá, Virasoro y Monte Caseros. “También despidieron profesionales de la sede central como una abogada, una kinesióloga y personal de la farmacia”, detalló.
Vale recordar que en mayo de 2016, el Centro de Jubilados fue intervenido por disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas. En un primer momento se conformó una comisión normalizadora posteriormente tras varias idas y vueltas, fue nombrada Alcaraz.