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EN DOS SEMANAS DEFINEN AUMENTOS PARA LAS TARIFAS DE LA ENERGÍA

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos convocó a una audiencia pública para el 29 de diciembre a las 10 en Caá Catí. Serán dos subas.
La próxima audiencia pública para plantear la suba de las tarifas de luz será el 29 de diciembre. Allí, el Gobierno expondrá los argumentos de cómo aplicar los futuros aumentos. En la audiencia del 29 se decidirán dos aumentos de energía eléctrica: uno para ser aplicado en diciembre y otro, para febrero.

El siguiente incremento recién será tras otra audiencia pública, en 2018. Se analizará allí el procedimiento de los futuros cambios en los costos de compra de energía, potencia y servicios de transporte a la tarifa final para la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). Es decir que en breve regirá un nuevo aumento del cuadro tarifario energético. La Nación informó que desde el mes de diciembre Cammesa, empresa encargada del transporte de la energía, aumentará el costo del megavatio que pasará de 640 a 870 pesos, lo cual significa un aumento del 16%, mientras que en febrero se aplicará otra suba del 20%.

El aumento en el transporte de la energía se da a causa de la eliminación paulatina de subsidios, explicó el Secretatio de Energía de la provincia Eduardo Melano. Los interesados en participar de la audiencia podrán inscribirse desde el 13 en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Reclamo a la nación

Los representantes de las carteras de energía de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa se reunieron la semana pasada con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el tema central de los problemas en el servicio energético a causa de colapsos en el transporte de la energía a cargo de la firma Transnea. Las provincias volvieron a plantear el pedido de que se le quite la concesión a la firma si no cumple con lo establecido en el contrato de concesión, principalmente en cuanto a inversiones y mantenimiento del sistema.

Las autoridades provinciales expusieron los distintos inconvenientes generados a causa de la mala prestación por parte de Transnea. La respuesta de Aranguren habría sido que la postura del Gobierno nacional es disponer un mayor control a las empresas transportadoras y que cumplan con las garantías de servicio, caso contrario se quitaría la concesión.

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