Cuatro escenarios para definir el poder en Cataluña después de las elecciones
Su lista terminó segunda (34 bancas); sus ex socios de gobierno de ERC lo siguen con 32 y ya dijeron que están dispuestos a darle los votos para la investidura, en una sesión que no ocurrirá antes de febrero. Le bastaría con la abstención de los cuatro diputados de la CUP (separatistas antisistema) para alcanzar la presidencia. El problema para Puigdemont, refugiado en Bélgica, es que se requiere que vuelva a Barcelona para ser electo. Apenas pise España será detenido por rebelión y sedición, a raíz de la fallida proclamación de la república de octubre. Si eso ocurriera, de todos modos podría pedir permiso para salir de la cárcel y asistir a la sesión de investidura. Sólo una condena firme podría privarlo del derecho a gobernar.
Parece improbable, pero los anarquistas de la CUP ya le trajeron muchos problemas al bloque separatista en 2015. Esta vez perdieron votos y bancas, pero aún son decisivos. El líder de la lista, Carles Riera, exige un programa de desobediencia y de ruptura unilateral con España a cambio del apoyo a la investidura del próximo presidente. Están acostumbrados a pedir la luna y conformarse con bastante menos, pero con los resultados todavía tan frescos no hay que descartar un bloqueo desde ese sector. A Puigdemont lo respetan. No así a su partido, el PDeCAT, ex Convergencia. Podrían ser menos tolerantes si el candidato a la investidura resultara alguien más moderado que Puigdemont.
Puigdemont podría plantearse permanecer en Bruselas para evitar su detención y designar a uno de los integrantes de su lista que no tenga cuentas pendientes con la justicia para que ejerza las funciones del gobierno. Él se proclamaría «presidente legítimo», aunque en los hechos sólo fuera un diputado, y trataría de incrustar la crisis en el seno de la UE. En esa hipótesis suena fuerte el nombre de Elsa Artadi, una política emergente de su máxima confianza que piloteó la campaña de Junts per Catalunya. Los dirigentes de mayor trayectoria, como los ex ministros Josep Rull y Jordi Turull, estarían imposibilitados de asumir el reto porque están imputados por los mismos delitos que él, aunque en libertad bajo fianza.
La reedición del artículo 155
La intervención estatal de las instituciones autonómicas concluirá el día en que asuma un nuevo gobierno. En teoría. Rajoy retiene la facultad constitucional de prolongar el control político de Cataluña si quien asume el gobierno insiste con un plan secesionista que signifique otra vez una abierta violación al ordenamiento jurídico. Ya lo advirtió varias veces en la campaña el líder conservador: «El artículo 155 [de la Constitución] no tiene fecha de caducidad». Insistió en que sólo si se respeta la ley volverá la normalidad a la región. Anoche se mantuvo en total silencio después de un resultado pésimo de su partido, el PP. No retrocederá si el independentismo renueva el desafío frontal
