Tapia presentó un escrito y pidió su sobreseimiento en la causa por evasión de $19.000 millones

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, se presentó este jueves en Tribunales para declarar en la causa donde se lo investiga por la presunta retención indebida de aportes. «Cumplimos con lo que quería el juez», le dijo a la prensa. Sin embargo, dentro del edificio solo presentó un escrito y rechazó responder preguntas.

Tapia llegó Tribunales de Retiro poco antes de las 11 junto a sus abogados y custodios e intentó evitar a los periodistas que lo esperaban. El titular de la AFA llegó sonriendo, pero poco después se mostró molesto y en medio de empujones pidió permiso en reiteradas ocasiones hasta que finalmente logró ingresar al establecimiento.

Su presencia dentro del edificio se prolongó duró casi una hora y media y al salir brindó una breve declaración a la prensa. «Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental», expresó.

Según pudo saber TN, el presidente de la entidad de fútbol argentino no aceptó responder preguntas y solo presentó un escrito de más de 100 hojas, el cual, aseguró, habla por él. Además, le reiteró al juez Diego Amarante su necesidad de salir del país debido a la prohibición que pesa sobre él.

«Niego haber decidido, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA», detalló en su presentación.

En el escrito, además, pidió ser sobreseído. También informó que viaja mucho durante el año, inclusive puso como ejemplos los viajes realizados durante los años 2024 y 2025. «Ello demuestra que al actividad del presidente provoca mucha demanda y muchos viajes, con lo cual se me hace materialmente imposible estar y participar en la cotidianeidad de la administración de la AFA», insistió.

También dijo que no existió delito y que no tuvo responsabilidad en el tema porque no está dentro de sus facultades pagar esos impuestos.

Este lunes Tapia cerró su discurso en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de transmisión de partidos de la AFA, con una advertencia: «Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz», dijo.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.

Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

El miércoles, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. «Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida», aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.

El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Con esta decisión, el magistrado mantuvo firmes las indagatorias programadas para esta semana.

En su fallo, Amarante desestimó los argumentos de las defensas de Tapia y Toviggino, que sostuvieron que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.

Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.

Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.

El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. «Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos», argumentó el organismo.

Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.