El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos
Por decreto, el Ejecutivo ordenó que el Sable Corvo deje el Museo Histórico Nacional y quede bajo control permanente del cuartel militar. La medida contradice la voluntad de la familia que lo donó al Estado.
El Gobierno nacional resolvió trasladar el histórico sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo. La decisión quedó formalizada en el Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, y establece un régimen de custodia militar permanente para una de las piezas más emblemáticas de la historia argentina.
El Ejecutivo justificó la medida en razones de seguridad y preservación, al recordar los robos sufridos por el sable en las décadas del 60. Sin embargo, el decreto no hace mención a un punto central del debate: la voluntad expresa de los descendientes de San Martín, que donaron el sable al Estado con la condición de que fuera conservado en un museo público y accesible, no en una unidad militar.
Ese aspecto vuelve a quedar relegado frente a una decisión tomada de manera unilateral, sin consulta pública ni explicación detallada sobre por qué el Museo Histórico Nacional, institución civil encargada de resguardar bienes patrimoniales, deja de ser considerado un ámbito adecuado.
El sable tuvo distintos destinos a lo largo del tiempo. Tras sufrir robos en 1963 y 1965, permaneció bajo custodia de los Granaderos durante décadas, hasta que en 2015 un decreto de la expresidenta Cristina Kirchner dispuso su regreso al museo. Ahora, el Gobierno revierte esa decisión y restablece el control exclusivo del regimiento fundado por el propio San Martín.
Más allá de los argumentos oficiales, la medida reabre una discusión de fondo: quién decide sobre el destino de los bienes históricos y con qué criterios. Al avanzar sin contemplar la voluntad de los donantes ni el rol de las instituciones civiles, el Gobierno consolida una definición que prioriza una mirada ideológica y centralizada sobre un patrimonio que pertenece a toda la sociedad.
