Ratificaron la condena a Cristina Kirchner por corrupción
También fueron condenados: Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibáñez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Kirchner, además, no podrá ejercer ningún cargo público.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy, miércoles 13, la condena de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en el escandaloso caso de la obra pública vinculada al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
El fallo, que abarca más de 1.600 páginas, fue dictado por la Sala IV de Casación, que también ratificó las condenas de los demás involucrados en la maniobra corrupta. Entre ellos, se encuentran el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, todos con penas de seis años de prisión.
En contraste, la Cámara decidió confirmar las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, al considerar que no había suficientes elementos para su condena.
El fallo fue leído en audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, bajo la supervisión de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron la condena a Cristina Kirchner. Por su parte, el juez Gustavo Hornos votó a favor de ampliar la imputación contra la exmandataria, sugiriendo la incorporación del delito de asociación ilícita, tal como lo había solicitado la Fiscalía.
No obstante, la condena no será de ejecución inmediata, ya que las partes pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene un plazo de 10 días hábiles para intervenir. De ser así, será el máximo tribunal quien resuelva de manera definitiva el expediente. Si la Corte confirma el fallo de Casación, la sentencia quedará firme y podrá ser ejecutada, aunque no se establecen plazos para la resolución del máximo tribunal.
El caso gira en torno a la adjudicación irregular de 51 licitaciones para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. La investigación reveló una trama fraudulenta orquestada para beneficiar a Lázaro Báez, a través de un entramado de empresas vinculadas a su grupo económico, las cuales fueron sistemáticamente favorecidas con la asignación de contratos públicos.
Durante ese período, se comprobó que las obras viales fueron adjudicadas casi exclusivamente a empresas de Báez, lo que permitió un crecimiento económico exponencial de su conglomerado. Esta maniobra se realizó bajo la supervisión y con la complicidad de funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos Nelson Periotti (entonces titular de la DNV), y otros exfuncionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, como Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes validaron irregularidades durante el proceso de licitación y la ejecución de las obras.
La implicación de Cristina Kirchner fue clave en la trama. A través de su firma, se validó el Decreto PEN 54/09, que permitió que la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la conducción de Periotti, financiara directamente las obras adjudicadas a Báez, consolidando así la maniobra fraudulenta. Este acto se enmarca dentro de un conjunto de decisiones que tuvieron como objetivo garantizar la ejecución de un sistema de irregularidades que afectó gravemente las arcas del Estado.
El perjuicio económico generado por estos delitos fue estimado en aproximadamente 84.000 millones de pesos, un monto que refleja el alcance de la corrupción en la obra pública durante el período en cuestión. Con este fallo, la justicia da un paso más en la lucha contra la impunidad en el ámbito de la corrupción política y empresarial en Argentina.
