Debate abierto por la edad de imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil
El oficialismo busca reactivar una reforma sensible tras la pérdida de estado parlamentario del dictamen previo. Aliados importantes anticipan límites y condicionan su apoyo a sostener los consensos alcanzados.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la agenda legislativa con la intención del Gobierno de impulsar un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa de esta semana, atravesada por tensiones internas y negociaciones con los bloques aliados, expone diferencias sobre hasta dónde avanzar en la reducción de la edad mínima para juzgar penalmente a menores.
El proyecto original enviado por el presidente Javier Milei al Congreso proponía fijar la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, desde el inicio encontró reparos en los principales aliados parlamentarios del oficialismo. PRO, UCR y la Coalición Cívica manifestaron su disposición a acompañar una baja, pero estableciendo un piso de 14 años y advirtiendo que no respaldarían una reducción mayor.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en julio de 2024 y, tras meses de discusión, en mayo de 2025 un plenario de comisiones emitió un dictamen de mayoría. El texto fue acompañado por La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, aunque estos dos últimos bloques lo hicieron con disidencias. Pese a ese avance, el dictamen nunca llegó al recinto y, con el recambio legislativo, perdió estado parlamentario, lo que obliga a reiniciar el tratamiento desde cero.
Entre los cambios consensuados en aquel dictamen se destacaban dos puntos centrales: la fijación de la edad mínima de imputabilidad en 14 años, descartando la propuesta original de 13, y la reducción de la pena máxima de 20 a 15 años de prisión para menores responsables de delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Dentro del Gobierno conviven hoy dos posturas. Un sector propone respetar los acuerdos alcanzados y avanzar con el esquema de 14 años para asegurar apoyos. Otro impulsa insistir con la edad de 13 años, argumentando que la nueva correlación de fuerzas tras la victoria legislativa del oficialismo y el impacto social de crímenes recientes —como el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe— habilitan un debate más duro.
La ministro de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la imputabilidad debería bajarse a 13 o incluso 12 años. En contraposición, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, reafirmó que su espacio solo acompañará una edad mínima de 14. Desde la UCR, en tanto, reclamaron no «volver a foja cero» y aprovechar los consensos ya logrados en el dictamen anterior.
El PRO fundamenta su rechazo a los 13 años en la falta de consenso médico y psicológico sobre la capacidad de comprensión delictiva de niños de 12 y 13 años. También cita la Observación General 24 de la ONU y estudios de neurociencias, además de advertir sobre los serios problemas de infraestructura del sistema penal juvenil. En ese sentido, recuerdan pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la falta de capacidad para alojar menores y señalan que bajar la edad a 13 duplicaría la población de jóvenes detenidos.
En el plano político, los números son determinantes. El oficialismo necesita reunir 129 diputados para alcanzar el quórum. Sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio -integrado por PRO, UCR y MID-, la posibilidad de abrir el debate en el recinto se vuelve prácticamente inviable, lo que refuerza el peso de los aliados en la definición final del proyecto.
