El gobierno interino de Venezuela emite decreto de conmoción exterior
La medida, firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otorga al Ejecutivo poderes especiales para actuar con rapidez y firmeza ante lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional.
En respuesta a los sucesos del pasado 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado tras un ataque militar estadounidense, el gobierno de Venezuela anunció la aprobación de un decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el país.
Dicho decreto autoriza la detención sin demora de cualquier venezolano que esté vinculado o apoye el ataque de Estados Unidos, además de ampliar el control en las fronteras, los servicios estratégicos y en infraestructuras clave.
También se habilita a la presidenta para suspender derechos fundamentales como el derecho de reunión y manifestación, requisar bienes necesarios para la defensa y regular, de manera excepcional, el tránsito de personas y vehículos dentro del territorio.
Este marco legal también permite cerrar fronteras y restringir el ingreso al país como parte de la estrategia para responder a la agresión militar. La disposición, fechada el 3 de enero, establece que la vigencia inicial será de 90 días, con posibilidad de extenderse si la situación lo requiere.
Además, se reforzarán las medidas de vigilancia en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y se militarizarán infraestructuras críticas como los servicios públicos y la industria petrolera.
La autoridad también recibe poderes excepcionales para dictar regulaciones temporales que ayuden a rechazar acciones hostiles, restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población. La intención, según el texto, es adoptar cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad, la integridad territorial y la soberanía.
En cuanto al proceso legislativo, el decreto debe ser presentado ante la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días para su evaluación y posible aprobación. La normativa asegura que los detenidos tendrán garantizado el respeto por las garantías procesales y la supervisión del sistema de justicia venezolano.
Por último, el documento hace un llamado a las fuerzas de seguridad para que actúen con firmeza en la contención de cualquier actividad que apoye la incursión militar extranjera, protegiendo los sectores estratégicos del país ante posibles amenazas externas.
