Nuevo revés judicial para el Gobierno por el decreto que transformaba el Banco Nación en sociedad anónima

En un nuevo revés judicial para el Gobierno Nacional, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla confirmó este viernes la medida cautelar que frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima.

En su fallo, el magistrado resolvió: «Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del Decreto 116/2025, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes. Ello, por el plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854″. Además, Ramos Padilla sostuvo que con la transformación del ente, el Poder Ejecutivo “asumiría el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, como más adelante se desarrollará, así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones».

La decisión llega después de haberse dictado una primera medida cautelar en la que el juez le había pedido al Gobierno que informe el interés público que justificaba la decisión.

En ese momento, la administración nacional sostuvo que la suspensión del Decreto 116/2025 «comprometería la administración de los recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y de los contribuyentes, o el restablecimiento del orden económico financiero y a mejorar el funcionamiento del Estado».

Tras recibir el descargo, ahora Ramos Padilla consideró que «resultan argumentos con un alto grado de indeterminación para valorar la producción de una real afectación del interés público».

Además, determinó que tampoco «aparecen elementos que justifiquen o permitan tener por acreditado que el Banco Nación esté atravesando ‘una situación de emergencia’».

Y también el magistrado afirmó que el avanzar con dicha transformación «implica prima facie un riesgo cierto de que las acciones del Banco Nación pasen a manos privadas eludiendo la necesaria intervención del Congreso de la Nación».

«No puede dejar de señalarse que, de aceptarse hipotéticamente la lógica interpretativa que propone el Poder Ejecutivo Nacional dicha entidad podría, por ejemplo, ser objeto de disolución, aún cuando el Congreso de la Nación se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de su privatización y en favor de su continuidad como ente autárquico público. Ello pues, esta entidad bancaria no figura en el listado de entes autárquicos respecto de los cuales se prohíbe su disolución», remarcó Ramos Padilla en referencia a la Ley Bases, en la que el Banco Nación quedó fuera de la lista de empresas sujetas a privatización.

Tras conocerse esta decisión judicial, la Asociación Bancaria emitió un comunicado: «Con suma satisfacción recibimos el nuevo fallo de Padilla que transformó la medida cautelar interina, dictada oportunamente, en medida cautelar por los próximos seis meses».

En ese escrito, el gremio añadió: «El Poder Ejecutivo se excedió en los límites que el Congreso le otorgó al realizar la delegación de facultades. De esta manera el camino hacia la privatización queda detenido momentáneamente, por lo que seguiremos firmes y alertas en la defensa de nuestro querido Banco Nación. La Justicia nos sigue dando la razón».