La UTA convocó a un paro de colectiveros por 48 horas
Ayer realizaron «asambleas» y dejaron sin servicio a miles de usuarios del transporte público. La FATAP aseguró que en el país las empresas del sector atraviesan condiciones económicas desfavorables y que se hace muy difícil sostener la actividad.
Luego de la intempestiva «asamblea general extraordinaria informativa» (eufemismo para concretar un paro encubierto) que estableció la seccional correntina de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dejó a pie a miles de usuarios del transporte público de pasajeros en horarios de la mañana y de la noche, las conversaciones no prosperaron en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, por lo que la representación sindical de los choferes convocó a una medida de fuerza para el 22 y 23 de agosto en numerosas jurisdicciones argentinas.
Para ayer, la UTA local había convocado a asambleas de trabajadores entre las 9 y las 11 y de 19 a 21. La medida se concretó a pesar de que la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia que convoque a una audiencia de conciliación. O, en su defecto, que declare su ilegalidad.
Es que las asambleas se realizarían casi en forma paralela al encuentro que reuniría a los referentes nacionales de la UTA y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) en el marco de las negociaciones paritarias.
En dicho encuentro, el sector empresario señaló que «se mantienen las condiciones desfavorables por lo que se tornan prácticamente imposible sostener la ecuación económica de la actividad». Agregó que se profundizó «el deterioro en la capacidad económica y operativa» de las firmas de transporte.
Los referentes de FATAP sustentaron sus afirmaciones en la «combinación nefasta de tarifas inadecuadas, asistencias insuficientes de los estados nacional, provinciales y municipales, así como el incremento permanente de los costos de operación que se suman a la caída en la carga de pasajeros».
Luego señalaron que será necesario presentar en todas las jurisdicciones provinciales los procedimientos preventivos de crisis para dar cumplimiento a lo exigido por las leyes antes de proceder a suspensiones y desvinculaciones de trabajadores. Y apuntaron que «la paralización de los servicios no hará más que profundizar la crisis del sector y las empresas». Y que ello «podría provocar el cese definitivo de las actividades de muchas de ellas».
A pesar de ello, los sindicalistas resolvieron un paro en las jurisdicciones en las que no se hayan acordado salarios, los días 22 y 23 de agosto. Un día, el 21, habrá un nuevo encuentro para «monitorear el estado de situación»
