Jubilados alertan por nueva prórroga de la intervención del centro
«Indignación y falta de respeto», manifestaron asociados, al advertir que Julia Fernández solicitó al Poder Ejecutivo una extensión de su gestión frente a la entidad. Lleva seis años.
«Expresamos preocupación, impotencia e indignación por la falta de respeto», afirmaron a través de un comunicado los integrantes de una de las agrupaciones que aspira a participar de las elecciones de designación de autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, al alertar que tienen «la certeza de que la interventora (Julia Fernández) de la institución ha presentado pedido de prórroga a partir del 23 del corriente mes». Reclamaron a la Justicia el cese de las medidas de intervención y se cree una comisión para obtener una cuota de imparcialidad en todo el proceso de normalización.
Desde la agrupación «Juntos por el Cambio», que participa del proceso electoral trunco, firmaron más adelante que «ante la posibilidad cierta que el Poder Ejecutivo le conceda, los socios vemos totalmente frustrada nuestra intención de tener normalizada la casa».
El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes vio frustrado su proceso electoral por un amparo judicial presentado por la extitular, desplazada por irregularidades que motivaron la intervención.
Agregaron que «seis años de prórroga es excesivo, ya que tratándose de una Asociación Civil sin fines de lucro, cuyos fondos están constituidos por las cuotas societarias, debe ser manejada por sus propios dueños, tal cual rezan los sucesivos decretos de prórroga cuestionados de nuestra parte».
En la nota también consideran «incomprensible» que se mantenga a la actual intervención y denunciaron que Fernández nunca presentó un informe certero y señalaron que «no se hace la asamblea de presentación de la memoria y el balance de gestión, un trámite que en tiempos normales se cumple cada fin de año».
Afirmaron que ese trámite es indispensable para garantizar la transparencia, ya que ese balance se eleva a los organismos de contralor para fiscalizar la actuación de quien administra el centro.
Expresaron que «a simple vista se aprecia un maquillaje de la casa central en desmedro de las delegaciones del interior, que no reciben las coparticipaciones y, además, no brindan servicios a los afiliados, ya que son fantasmas porque sólo recaudan».
Detallaron que la entidad afronta numerosos juicios laborales por despidos injustificados de 25 empleados que se pierden «generando cuantiosas erogaciones, las cuales son pagadas con la plata que mes a mes aportamos».
También advirtieron por el aumento excesivo de las cuotas societarias de hasta el 400%, cuando los haberes de los jubilados sólo aumentaron 100%. Una cuota costaba en 2021 $550 y actualmente cuesta $2.250, una medida irracional que motivó la renuncia del 25% de la masa societaria.
En la nota también denunciaron «el maltrato» al que la interventora somete al personal del Centro de Jubilados y destacaron que ese trato hostil se trasladaba a las delegaciones del interior, en especial a quienes no estaban de acuerdo con sus malos manejos.
