Comunidad LGBTIQ reclama adhesión a la ley de cupo laboral trans
Ese colectivo de personas se movilizó ante la Legislatura para pedir por el rápido tratamiento de proyectos normativos, en Diputados y en el Concejo Deliberante, para que Provincia y Municipio garanticen empleo digno y en blanco para travestis y transgéneros.
El 24 de junio último, el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero.
En razón de ello, esta semana tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante capitalino un expediente que busca, precisamente, la adhesión de la ciudad a esa normativa que establece que “el Estado deberá contratar en al menos el uno por ciento de la dotación de la administración pública, a travestis, trans y transgéneros”.
Sobre esta temática también hay un proyecto bajo análisis de la Cámara de Diputados de la Provincia.
A la luz de estas iniciativas legislativas, integrantes y referentes de la comunidad LGBTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual y Queers) se manifestaron frente a la Legislatura y la plaza 25 de Mayo, solicitando el rápido tratamiento de esos proyectos.
La propuesta ingresada por ediles de la oposición al cuerpo deliberativo capitalino cita que “según establece la Constitución de la provincia de Corrientes, artículo N´225: inciso 19, se deben adoptar medidas que garanticen la efectiva igualdad de oportunidades entre géneros en todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos”.
Asimismo, agrega que “la Carta Orgánica Municipal recepta y reconoce los derechos de identidad de género. El Municipio reconoce los derechos a la diversidad sexual y a la identidad de género mediante el diseño y ejecución de políticas de inclusión y de protección contra la discriminación, de acuerdo a normas nacionales y tratados internacionales vigentes”.
Por ahora, ese expediente fue girado a la Comisión de Legislación.
La nueva ley federal también sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de los postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
Además, a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”.
