Protesta de un interno del Penal 1 con curiosos apoyos desde el exterior

Un interno de la Unidad Penal 1 de Corrientes provocó hoy incidentes al subirse a una de las torres del edificio ubicado en avenida 3 de Abril 57, exigiendo hablar con funcionarios de penitenciarios y del ministerio de seguridad al que demandaba –según él hablando en nombre de todos los condenados- hisopados para todos los internos, que no entre ni salga nadie del penal y que se agilicen medidas judiciales para liberaciones.

Identificado como Diego «el Diablo» Cáceres, oriundo de la ciudad de Santo Tomé, pero con un frondoso prontuario también en el Gran Buenos Aires, el detenido aseguró que «yo hablo por todos mis compañeros», aunque fuentes penitenciarias aseguran que no es así y que lo que Cáceres busca, además de beneficios personales a los que no está en condiciones de acceder en convertirse en líder dentro del penal.

Diego Ariel  Cáceres está alojado en el pabellón 12 junto a otros 9 internos. Es reincidente y dentro del penal está calificado con conducta pésima, en su haber tiene dos condenas en total a 10 años por robo a mano armada, robo calificado, y dentro del penal ostenta el record de 800 fojas de sanciones. Debería quedar en libertad en el 2023 al vencer la pena si es que antes no recibe otra condena ya que tiene varias causas más abiertas y en proceso de llegar a juicio oral.

Cáceres es asesorado y recibe “letra” para sus reclamos de dos conocidos militantes de derechos humanos de Corrientes y de un concejal del Frente para la Victoria del municipio e Ezeiza, en el Gran Buenos Aires. Se trata del doctor Andrés Díaz, con quien se comunica telefónicamente Cáceres. Ese abogado de acuerdo a fuentes penitenciarias, habría llamado interesado en el caso y tratando de presionar para lograr la libertad de El Diablo, quien desde su lugar de protesta habló con los medios y dijo que  «acá hay gente que está en condiciones de gozar de condicional, de tener su asistida, de tener el beneficio de la transitoria. La jueza nos cerró a puerta a todos no escucha nada y no viene a dar la cara», señaló en alusión a la  jueza de Ejecución de la Condena, María Teresa Zacarías.

«Tengo una pena de 10 años, tengo 7 cumplidos y no puedo acceder a la condicional (obviamente por su pésima conducta), tengo dos hijas que se están criando sin padre. Que pretenden?, que muéranos todos acá contagiados y dicen que todo esto está controlado, eso es mentira,  la jueza no nos da respuesta acá no viene nadie a dar la cara” disparó el sujeto considerado por las fuerzas penitenciarias y policiales peligroso.

Cáceres aseguró que «la gente dejó de recibir visita a partir de que se dispuso la cuarentena para que esa actividad no sea medio de transporte del virus, pero hoy por hoy sabemos que los que trajeron el virus acá dentro fueron los del servicio penitenciario y nadie hace nada con nuestro pedidos”, explicó Cáceres.

“En lo personal, pido el beneficio de la condicional, quiero salir y estar con mi familia no quiero morirme acá adentro como una rata” aseguró pidiendo por algo que hasta sus mismos abogados saben es imposible que se le conceda por la conducta que exhibe.

“Hay gente que hicieron cosas aberrantes y estaban en la U4 y hoy están gozando de libertad y gente como yo que esta por un robo (se olvidó que fueron muchos armados y con violencia) y sentencia casi cumplida no puedo acceder a la condicional, no diligencian los pedidos nuestros, pareciera que esperan que terminemos muriendo todos acá adentro”.

Este lunes, 23 internos de uno de los pabellones fue detectado positivo con COVID 19 y fueron aislados. Antes varios efectivos de la fuerza habían también dado positivos pero todos se encuentran estables de salud.

El COVID 19 viene siendo usado como pretexto de condenados para reclamar prisión domiciliaria o beneficios como salidas transitorias, muchos de ellos de alta peligrosidad y que no están en condiciones de ser favorecidos por esas medidas. La movida para esa liberación masiva de presos y que provocó motines en distintas partes del país, comenzó en Buenos Aires, donde funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires impulsaron la medida a la que hicieron lugar jueces que hacen gala en las redes sociales de sus preferencias políticas.

En las últimas horas la Corte Suprema de Buenos Aires dio marcha atrás con la medida que avalaba esa liberación masiva de detenidos, muchos de ellos violadores u homicidas.

En Corrientes, militantes de derechos humanos llegaron a repartir entre los reclusos formularios mediante los cuales debían solicitar su libertad la que esos mismos militantes aseguraban les correspondía y les sería otorgado, algo que fuentes judiciales aseguran es absurdo siquiera pensarlo.