Avanzan en capacitaciones judiciales para implementar el Código Procesal Penal

El Superior Tribunal de Justicia aprobó el el marco de referencia para la organización de todas las actividades de capacitación a llevarse a cabo en el período 2020-2023 para la nueva norma procesal penal.

El Superior Tribunal de Justicia aprobó el marco de referencia y programación de acciones de capacitación para la implementación del Código Procesal Penal.

Los cursos se podrán dictar en toda la provincia, para eso el Poder Judicial pondrá a disposición todos sus recursos de mobiliario.
El Superior Tribunal de Justicia aprobó el jueves el marco de referencia para la organización de todas las actividades de capacitación a llevarse a cabo en el período 2020-2023 en concordancia con la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Sobre la base del mismo se diseñarán y se organizarán los programas de capacitación que conformarán las ofertas académicas que tendrán por objetivo principal la formación integral de magistrados, fiscales, defensores, asesores, funcionarios, empleados, técnicos administrativos y todos los operadores que, directa o indirectamente, desempeñen funciones en el fuero penal, como también los policías de las fuerzas de seguridad, abogados y cualquier otro operador que quiera formar parte de las actividades formativas.

“La reforma del Código Procesal Penal y la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial trae aparejado para el Poder Judicial una redefinición de las funciones de sus actores, quienes deberán contar con las herramientas y competencias claves para lograr una implementación efectiva del nuevo sistema”, asegura el Superior Tribunal de Justicia en el documento que aprobó el jueves.

“Es política institucional el compromiso del Superior Tribunal de Justicia: el de responder y dar soluciones a los sucesivos interrogantes que se plantean día a día en el diario quehacer del servicio de la Justicia, así ha establecido una división de funciones de los diversos operadores dentro del proceso penal, el diseño de un sistema de audiencias ágil, la adecuación del nuevo rol de la víctima en el proceso, a lo que el nuevo Código Procesal Penal incorpora el desafío de litigar en un entorno totalmente oral, por mencionar algunos nada más”, agrega.

“Por lo que el presente proyecto tiene por finalidad preparar y anticipar, por medio de la capacitación continua, a los operadores internos y externos, quienes son en definitiva los principales destinatarios de la reforma: jueces, fiscales, defensores oficiales, asesores, peritos, fuerzas de seguridad, empleados administrativos, abogados particulares y todos aquellos que se desempeñan en el ámbito penal”, detalla.

Las estrategias a emplear, trazadas por el Poder Judicial son: desarrollo de trabajos prácticos, presentación de casos casuísticos, realización de talleres, role praying y teatralizaciones, metodología de exposición-diálogo.

En ese sentido, los ministros advierten: “La Coordinación establecerá que los cursos serán obligatorios para magistrados y funcionarios del Poder Judicial”.

Según los tipos de capacitaciones a realizarse y los ejes articuladores elegidos, destinatarios y el modo de organización de la oferta académica podrá ser a través de cursos, seminarios o talleres. También podrán coordinarse ofertas especiales de formación mediante convenios con distintas universidades, centros de estudios privados o públicos, clubes de litigación, entre otros espacios.