Narcos procesados por pagar coimas al ex juez Soto Dávila y sus secretarios
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procesó a los supuestos líderes narco Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebastián Marín por el presunto pago de coimas al ex juez federal Carlos Soto Dávila y a sus ex secretarios para que estos últimos liberen a integrantes de bandas criminales. En el contexto de esta causa, la 9.868/18, además se procesó a Nicolás Torres, uno de los señalados como negociadores en el pago de las dádivas.
El Juzgado también trabó embargos a Carlos Bareiro y a Federico Sebastián Marín, por $6.000.000; y a Nicolás Torres por $1.500.000.
Están acusados de haber entregado dinero a los funcionarios judiciales para beneficiar a implicados en causas narco.
En el caso de Carlos Bareiro se lo acusa de “haber entregado a Carlos Soto Dávila y Pablo Molina, a través del abogado Ernesto González, la suma de un millón de pesos en concepto de dádivas, a los efectos de que los nombrados funcionarios dictaran resoluciones que lo beneficiaran”.
Esto habría ocurrido en 2011, cuando a Bareiro se lo acusó de haber participado del tráfico de una carga de estupefacientes. En el expediente 287/2011 consta que en ese contexto la Gendarmería Nacional incautó, el 17 de septiembre de 2011 unos 542,083 kilogramos de marihuana.
Por esta operación Bareiro no fue detenido, pero sí un colaborador, Edgardo Coria. “En el trámite dado a este sumario, se acreditó que el juez Carlos Soto Dávila -con la rúbrica de Pablo Molina -, a cambio de la suma de al menos un millón de pesos en concepto de dádivas, dispuso la exención de prisión con caución juratoria a Carlos Bareiro”.
El supuesto pago de sobornos surge porque “una persona que se arrepintió señaló que González, por ejemplo, le hizo un arreglo a Bareiro por un millón de pesos, un mes antes de que caiga preso”.
En relación a esto, “el 1º de septiembre de 2016 en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes el letrado Omar Serial -también acusado en la causa- expresó que el por entonces titular de la Secretaría Nº 2 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, doctor (Pablo) Molina y personal de esa Judicatura arreglaban las causas, situación que era conocida por todos”, indica el expediente.
Supuestamente, a través de este mismo abogado y de otro letrado, Humberto Giménez, supuestamente el ex juez percibió “la suma de treinta mil pesos en concepto de dádivas”, a los efectos de liberar a dos acusados.
Se trata de Sergio Ponce y Ricardo González, detenidos el 28 de mayo de 2010 cuando circulaban en un camión Ford F-350 por el puente interprovincial General Belgrano y trasladaban 311,735 kilogramos de marihuana. Supuestamente para la excarcelación con caución juratoria de ambos imputados se habría pagado $30.000.
Un arrepentido declaró: “Cachito (Bareiro) nos daba la mercadería y nosotros teníamos que trasladarla. Yo la traje hasta Corrientes y después Sergio (Ponce) me dijo que iba con Ricardo (González) para llevarla a Resistencia, Chaco. A ellos los agarraron en el puente Chaco-Corrientes y los metieron presos. Yo llamé a (Omar) Serial y a Humberto Giménez para que arreglaran, porque ya sabía que ese juez arreglaba”.
El declarante indicó que Bareiro había entregado $30.000 “para que yo le diera a Serial y a Pochi. Y se los di para que arreglen y los liberen a ambos”.
Otra de las acusaciones relaciona a los funcionarios judiciales. En tal sentido, ese arrepentido señaló con el secuestro de 760 kilogramos de marihuana el 26 de marzo de 2016 y junto a la carga estaba el documento nacional de identidad de Torres. “Se secuestró un cargamento de marihuana al costado de la playa de la frontera entre los barrios Abarapé e Ibiraí de Itatí. Allí estaba Pablo Torres, quien dejó un DNI y por eso lo querían agarrar. Me contó que había hablado con los abogados (Omar) Serial y (Jorge) Vallejos, quienes iban a arreglar con (Carlos) Soto Dávila y que la plata se la había dado la tía. Creo que eran como $10.000 pesos”’.
El caso en el que está involucrado Federico Sebastián Marín es más complejo, porque además de abogados, en la tratativa intervino hasta el ex intendente de Empedrado Juan Faraone, quien se había apersonado en la casa del juez para negociar.
“Luego de la detención de su esposa, Marín tomó contacto con los abogados Duilio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Tomás Vigione, Omar Serial, como así también con Juan Faraone, a los efectos de negociar con las autoridades del Juzgado Federal, acordándose un pago por la suma de $280.000 en favor de los funcionarios judiciales a los efectos de que éstos le otorgaran beneficios procesales a Alegre, lo que finalmente no sucedió por no haberse formalizado el pago”, dice el auto de procesamiento.
