La UTA planteó incompetencia de la Subsecretaría de Trabajo y sigue el conflicto

No hubo acuerdo entre empresarios y choferes por la apertura del procedimiento preventivo de crisis. Los representantes gremiales plantearon la incompetencia de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y eso impide realizar paros.
Representantes gremiales y de las empresas de transporte sólo sentaron sus posiciones. La indefinición impide que se realicen medidas de fuerza por parte de los trabajadores o cualquiera de las partes. Hay un compás de espera administrativo en el conflicto local.
En la reunión celebrada ayer por la mañana en la sede de la Subsecretaría de Trabajo los empresarios insistieron con la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis y la dirigencia gremial rechazó la competencia del organismo para entender en ese tema.
Esos planteos, tanto el pedido de los empresarios como el rechazo sindical, deben ser resueltos por el Director de Trabajo quien, seguramente, se tomará los diez días hábiles para hacerlo, lo que suspende la posibilidad de cualquier medida de acción directa.
A la hora de las explicaciones, Gustavo Larrea por el sector de los empresarios expuso ante periodistas de época que en esos días se continuarán “analizando las cuestiones de fondo que llevaron a las empresas a este cuadro de situación”.
Eduardo Correa, titular de la Unión Tranviarios Automotor, Seccional Corrientes, manifestó que rechazaron “el acuerdo en virtud de que no presentaron la documentación para homologar el traspaso desde el Ministerio de Trabajo de la Nación para que la Subsecretaría provincial se haga cargo del procedimiento de crisis en las empresas”. Explicó que la dirigencia local no tiene competencia para negociar acuerdos paritarios y adelantó que “no vamos a aceptar reducción de puestos, no tener francos, ni perder derechos. Este procedimiento de crisis nos saca derechos que hemos logrado desde hace años”.
Norberto Soto, abogado del gremio, explicó el planteo de incompetencia local. “El procedimiento preventivo de crisis se lleva adelante porque desde las empresas aseguran que no recaudan lo suficiente para cumplir con sus obligaciones, entre ellas pagar la escala salarial”.
Como solución, a través del planteo de declarar en crisis a las empresas proponen “suspender y reducir puestos de trabajo y además introducir modificaciones en el convenio colectivo”.
“La UTA seccional Corrientes no tiene competencia para ser parte en el proceso preventivo de crisis. Ninguna organización sindical puede modificar convenio para los que no están expresamente autorizados”, indicó más adelante.
Desde la óptica empresaria si la Subsecretaría de Trabajo homologa el procedimiento de crisis, ellos podrán tomar medidas para modificar las condiciones de trabajo, como la de fraccionar las horas de trabajo, y en “última instancia” la decisión de reducir puestos si la evolución económica de las empresas lo hacen necesario.
En el acta los empresarios manifestaron que “el planteo de incompetencia” sólo servirá para dilatar la posibilidad de soluciones. Consideran que la entidad gremial local tiene las facultades para intervenir en el procedimiento de crisis.
Para la dirigencia gremial la subsecretaría provincial no puede intervenir en el procedimiento de crisis, y señalaron que no aceptarán que “el trabajador sea la variable de ajuste”, en una crisis generada por decisiones del Gobierno Nacional que resolvió eliminar las políticas de subsidios al servicio de transporte, pensadas para paliar el impacto que tiene la inflación en los costos.
Crisis nacional
“Esta crisis es la consecuencia directa de la eliminación de subsidios por 57 mil millones de pesos que el Estado Nacional aportaba para paliar la incidencia que tiene la inflación en todo el servicio”, declaró el apoderado de la UTA, Norberto Soto. Indicó que “tras ese recorte a las provincias se destinaron nada más que 6.500 millones de pesos de los que llegan sólo cinco mil y pico, lo cual es insuficiente”. También recordó que hay una política diferencial en materia de subsidios para Capital Federal y el Gran Buenos Aires, cuyas empresas no tienen problemas.