Provinciales
La reforma del Código Procesal Penal avanza en el Senado
El proyecto lograría este miércoles el dictamen favorable de la Comisión de Legislación. Se trataría en el recinto tras las vacaciones de invierno. Afirman que Valdés cumplió un rol fundamental.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Provincia tiene “98% de consenso” para aprobar la iniciativa que promueve una reforma del Código Procesal Penal de Corrientes. En la sesión del miércoles se daría dictamen favorable y tras el receso de invierno podría lograr la media sanción en la Cámara alta.
En diálogo con La República, el senador Noel Breard brindó detalles a días de tan importante trabajo legislativo. Sostuvo que el cuerpo presidido por su par, Graciela Rodríguez, tiene todo encaminado para que en la próxima sesión se avance con la iniciativa que tantas veces fue relegada.
Se trata de un proyecto de ley que perdió estado parlamentario pero que había logrado dictamen favorable, por lo cual desde el oficialismo trabajaron en reflotar la propuesta y la elevaron nuevamente. El proyecto propone que se derogue la Ley Nº 2945 y se apruebe el nuevo Código con énfasis en la víctima y la investigación recaerá exclusivamente en el fiscal, para los cual se propone la creación de institutos para dar celeridad a los procesos.
“El proyecto está en un 98% consensuado”, afirmó Breard a este medio. Agregó que “es una síntesis del trabajo realizado con los aportes del doctor Jorge Buompadre; del Ministerio Público; el fiscal Gustavo Robineau; el Superior Tribunal de Justicia; magistrados y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas”. Al respecto, el legislador radical destacó que “el gobernador Gustavo Valdés cumplió un papel fundamental en esto porque medió ante el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano”. Esa articulación fue clave para que la propuesta provincial esté en línea con el Programa Justicia 2020, el proyecto del estado nacional para lograr una administración de la justicia eficaz y abierta, orientada a fortalecer la transparencia, la probidad y la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas sobre justicia y derechos humanos.
