CONFIRMARON EL PROCESAMIENTO DE ANDREA DEL BOCA Y JULIO DE VIDO
La Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de la actriz Andrea del Boca en una causa en la que están acusados por «defraudación al Estado». Se trata del caso de la novela «Mamá Corazón», que se hizo con fondos oficiales y nunca salió al aire.
Además, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia reclamaron profundizar en la investigación sobre los precios de la productora de Del Boca y los que existían en el mercado. «Los elementos de cargo que obran en el caso respecto a la intervención de Andrea del Boca superan en fuerza de convicción a los de descargo. Basta con ello para avalar su procesamiento, amén de lo que surja del devenir de la pesquisa», señaló la Cámara.
La resolución también dejó firme los embargos de $50 millones a Andrea del Boca; y de $ 60 millones al ex funcionario. También quedaron confirmados los procesamientos de Carlos Ruta -ex rector de la UNSAM, otro de los embargados en $60 millones-, la ex directora del INCAA Liliana Mazure y el ex director general de Administración de Planificación, Luis Vitullo, entre otros.
La maniobra
Como gerente de la productora «A+A Group SRL»-, Del Boca recibió en una contratación directa por 36.582.468, que contemplaba la alícuota del IVA, incluido ingresos brutos y el 10% en concepto de ganancia de la producción realizada.
Los convenios con las universidades fueron una constante en la era kirchnerista para desviar fondos de los controles. De hecho De Vido está preso por una maniobra similar en la causa de Río Turbio.
«Hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los Convenios con la UNSAMy delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos», sostuvo hoy el fallo de la Cámara.
La Sala II de la Cámara añadió: «Bajo esas premisas, es posible sostener que las irregularidades detectadas en los procesos de selección y contratación -respectivamente-, en los que intervinieron autoridades de la UNSAM – cuyos aportes fueron mencionados en el desarrollo de la presente-, son reveladoras de intromisiones ajenas a los intereses de la administración pública, que se repiten en los dos procedimientos seguidos como consecuencia de las firmas de los convenios investigados y que, estando a las pruebas, estuvieron orientados a beneficiar a la cooperativa de trabajo «Tostaki Ltda.» y a la productora ‘a + A Group S.R.L.'».
Según la resolución, «acá que no surge de las actuaciones cuándo ni por qué mecanismo se la habría convocado a participar a esta firma -ni a las restantes-, como así tampoco la cantidad de propuestas que se presentaron y habrían sido evaluadas junto con la telenovela producida. Lo mismo en torno a los presupuestos de los costos por ella presentados que fueron aprobados sin más. Esto resulta llamativo».
Y se añadió que hubo «diferencias significativas» a favor de la productora de Andrea del Boca «en comparación con las otras producciones» porque «además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, cuyo diez por ciento percibiría en concepto de ganancia de la producción realizada, conservaría los derechos de comercializar su producto en el exterior por un período de sesenta meses, prorrogables por otro plazo idéntico».
Para los jueces, «lo cuestionable en este caso no es la celebración de los acuerdos con la mencionada casa de estudios -tampoco sus propósitos o contenidos- sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados».
La denuncia contra Andrea Del Boca se anexó ante el juez Sebastián Ramos la investigación sobre el dinero entregado por el ex Ministerio a la miniserie El Pacto, que se hizo a través del Institución Nacional Cinematográfico de Artes Audiovisuales (INCAA).
