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RATIFICAN EL PROCESAMIENTO Y LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EXFUNCIONARIOS DE PERUGORRÍA

Así lo indicó el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega, dictó el procesamiento y ratificó la prisión preventiva para los cinco ex funcionarios de Perugorria. El magistrado de Curuzú consideró que existen elementos suficientes para procesar por supuesta malversación de fondos públicos y asociación ilícita a Corona, Lesieux, Vera, Moray Mussio y Lammens, aunque en este último caso le concedió seguir cumpliendo el arresto domiciliario en su localidad de origen.

El juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega resolvió la situación procesal de cinco personas que fueron parte del Gobierno Municipal y que estaban detenidas hace varios meses en la comuna curuzucuateña. El procesamiento y ratificación de la prisión preventiva rige para quienes fueron intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieux, como así también para quienes cumplieron diferentes roles en sus administraciones, Patricia Vera (tesorera); Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor).

De acuerdo a las pruebas que la Justicia habría obtenido hasta ahora, el magistrado considera que está “semi plenamente acreditado, probado,  que los fondos recibidos de nación no  eran destinados para los fines para los cuales estaban previstos”, es decir que los ex funcionarios cometieron los delitos de asociación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administración pública”.

En este contexto, el juez consideró que los ex jefes comunales, aprovechando el rol que desempeñaban, “organizaron una asociación  destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas”.

EL PROCESO

“Esta es una resolución intermedia en la investigación del delito en la instrucción de nuestro sistema procesal, caben contra este tipo de resoluciones el Recurso de Apelación que se puede interponer en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mercedes, en la que entendería que los imputados a través de sus abogados decidan apelarla. Después hay que esperar la confirmación de la Cámara o no; en su caso puede también revocar total o parcialmente la resolución”.

“Luego, en la Fase crítica  o intermedia se espera el dictado del Fiscal de Instrucción, que en este caso es la Dra. María Alejandra Talamona”, indicó.

Millones
Las maniobras irregulares, fundamentó, consistían en “lograr la concesión de planes o programas subsidiados para la realización de determinados proyectos; recibir los fondos girados en las cuentas bancarias que al efecto la Municipalidad de Perugorría tenía en el Banco de la Nación Argentina sucursal Mercedes y, mediante diferentes mecanismos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, sustraer los mismos o gran parte de los mismos sin aplicarlos a los fines para los que habían sido acordados”.

En este punto, agregó que los recursos eran retirados directamente de la entidad bancaria o a través de “cheques cuyo destino se disimulaba a través de facturaciones apócrifas o directamente no se justificaba”.

Con respecto a los montos, en el Juzgado de Instrucción verificaron que durante su mandato como intendente, Jorge Corona obtuvo recursos nacionales para ejecutar siete proyectos, unos $10.892.183, que los habría administrado presuntamente en forma irregular.
Mientras que Lesieux, cuando ejerció como Jefa comunal logró que el Estado Nacional le enviara $45.540.128 para financiar cinco proyectos. Pero esos recursos, consideró el Juzgado, tampoco fueron administrados en forma correcta.

Por eso, las presuntas irregularidades, entre ambas gestiones, implicarían unos $56.432.311.
De acuerdo a la hipótesis de la Justicia, Corona y Lesieux como eran los titulares del Ejecutivo Municipal “designaron en puestos claves a Vera, Lammens y Moray Mussio, de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas”.

Por ello, el juez Vega además de procesarlos a los citados ex funcionarios, ratificó tanto la prisión como los embargos preventivos e inhibición general de bienes que ya habían sido dictados sobre el patrimonio de quienes hasta ayer eran imputados.

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