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Temer alista un préstamo por u$s 300 millones para reforzar la seguridad en Río

Ambas cámaras del Congreso convalidaron la militarización del estado carioca. Amistía Internacional denunció un deterioro de la seguridad pública en Brasil durante 2017.

 

En una intensa campaña de propaganda para afirmar que la intervención federal del estado de Río de Janeiro busca «soluciones para los problemas del pueblo brasileño», la seguridad pública es un tema de Estado prioritario actualmente en Brasil. En los próximos diez días se constituirá el Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública, con alcance nacional y el fin de «coordinar las acciones estratégicas del área en todo el país», según anunció el propio presidente, Michel Temer.

En Río de Janeiro, la violencia y los altos índices de criminalidad precipitaron un decreto del mandatario ahora también aprobado por el Congreso que intervino su seguridad pública para reforzarla, entregándoles a las Fuerzas Armadas el mando generalizado sobre la seguridad en ese estado hasta fin de 2018. El interventor designado es el general Walter Braga Netto y las FFAA apoyarán a las fuerzas policiales en las operaciones de ese estado. Desde mediados de 2017 había un contingente de 10.000 militares en Río, donde ese año se registraron 6731 homicidios.

Pero hay más: el gobierno central está trabajando en un nuevo crédito de u$s 308 millones para aliviar la falta de liquidez del estado de Río de Janeiro. El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, sugirió que ese crédito podría ser respaldado por regalías del petróleo, y que integrará un plan más amplio para recuperar a ese estado. El jefe de Estado había sugerido otra opción: crear impuestos para financiar la seguridad pública, dato que confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien también lamentó que eso no sea posible porque el decreto de intervención en Río impide la tramitación de propuestas de enmiendas a la Constitución.

«Para nuestra infelicidad, no tenemos condiciones de crear un impuesto. (…) Cualquier creación de impuesto, será para el año próximo». Otro efecto colateral de la intervención para la administración de Temer fue que frenó el proyecto de reforma previsional, porque los cambios constitucionales que implicaría no pueden concretarse durante una intervención federal. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores evaluó que la intervención fue una «cortina de humo» para tapar el fracaso en el trámite de la reforma de las pensiones.

Amnistía Internacional denunció en su informe 2017-18 un deterioro de la seguridad pública en Brasil durante el año pasado. «Las políticas de seguridad pública seguían basándose en intervenciones públicas policiales muy militarizadas, motivadas principalmente por la denominada guerra contra las drogas», destacó.

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