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San Luis volvió a la Corte para cobrarle dos juicios a Nación

La disputa entre la provincia de San Luis y la Casa Rosada va in crescendo. Primero el gobernador Alberto Rodríguez Saa se negó a firmar el Pacto Fiscal y a bajar los juicios contra la Nación y, después, acusó al presidente Mauricio Macri de «ponerle una pistola en la cabeza» a sus pares de otras provincias que sí lo suscribieron.

Ahora, el mandatario avanzó un poco más en la discusión y se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para plantear que los tiempos se acabaron y que la provincia quiere cobrar.

«Fue una reunión muy cordial y protocolar en la que el gobernador le solicitó que la Corta defina la fórmula de cálculo porque hace dos años que tenemos fallo favorable», dijo el fiscal general de la provincia, Eduardo Allende.

La discusión con San Luis es que, al igual que con Santa Fe, las partes no se pusieron de acuerdo para discernir si se toma una tasa de actualización pasiva o activa (si se aplica la activa que es la postura puntana el monto a pagar ascendería a $ 17.000 millones, mientras si la opción elegida es la del Gobierno nacional, el monto final sería de $ 15.000 millones).

Cuando la provincia de Buenos Aires presentó la demanda por el Fondo de Coparticipación, la Corte le reclamó a todas las provincias que hagan su descargo.

En ese momento, San Luis asegura que le reclamó a la Nación acordar la forma de pago. «Enviamos dos notas a los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio solicitando que abonaran los $12.000 millones que reconocían adeudar por los dos juicios con sentencia desde el 24/11/2015, y que luego la Corte Suprema dirimiera la diferencia con la liquidación sanluiseña, que ascendía a $15.000 millones a febrero de 2017. Jamás hubo respuesta. El 26 de abril, ante el silencio de ambos ministros, la Provincia nuevamente envió notas a los ministros Dujovne y Frigerio, reiterativas de las anteriores. Tampoco hubo respuesta hasta la actualidad», aseguró Allende a la agencia de noticias provincial.

Sin noticias de parte de la Casa Rosada y manteniendo la negativa por parte de la provincia a suscribir el Pacto Fiscal, el viernes pasado comenzó una nueva etapa, ya que venció el plazo judicial de los 30 días otorgados por la Corte, y San Luis ya informó al tribunal que a pesar del esfuerzo por instar el diálogo y de los pedidos formales de audiencia, no tuvo respuesta.

Como la Corte es un cuerpo colegiado, Lorenzetti no tuvo ningún tipo de respuesta frente al pedido de «el Alberto», quien le reclamó acelerar procesos. Ahora se espera que el máximo tribunal determine finalmente el monto y comience un proceso de 120 días para que las partes se pongan de acuerdo acuerdo cómo se va a pagar.

Pero como los Rodríguez Saá vienen planteando una posición clara respecto de las diferencias con el gobierno nacional, y aseguran que las cuentas provinciales están saneadas y no necesitan de la billetera de Balcarce 50, ya adelantaron que van a seguir adelante con las disputas judiciales.

Así lo dejó en claro el fiscal provincial en la puerta del palacio de Tribunales que aseguró que la provincia «seguirá trabajando en otros 12 juicios contra el Estado nacional por coparticipación. De esos juicios, hay cinco que ya tenemos sentencias, algunos desde hace algo más de dos años, y el resto están a punto de terminarse».

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